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Antecedentes
El proceso de descentralización fiscal y política
en Colombia tomó especial fuerza en 1991, con la promulgación de la
Constitución Política que amplió el papel de responsabilidad autónoma
de las entidades territoriales y les asignó mayores competencias y
recursos, en especial en las áreas de salud y educación.
Se calcula que, en la actualidad, los
departamentos, municipios y sus respectivas entidades descentralizadas son
responsables de más del 45% del gasto público, cifra que se ha venido
incrementando como resultado de la normatividad y los acuerdos
institucionales vigentes.
El proceso de descentralización ha
conllevado un cambio en las funciones de los distintos niveles de
gobierno, y en especial en lo relacionado con el seguimiento y monitoreo
propios del gobierno central y de las entidades de control sobre la gestión
de los departamentos y los municipios.
Las dependencias del gobierno central
utilizan la información financiera territorial para diversos propósitos
tales como, seguimiento macroeconómico y financiero, control y evaluación
de la gestión fiscal, definición de los montos a transferir a las
entidades territoriales, adopción de políticas macroeconómicas, control
del endeudamiento puntual y agregado, y preservación del equilibrio
fiscal y financiero del Estado. Los organismos de control fiscal, las
veedurías y el ciudadano común también demandan información financiera
territorial para atender sus propias responsabilidades institucionales, o
para propósitos académicos, investigativos o de información general.
Por esto resulta de vital importancia
la gestión de los flujos de información entre las entidades
territoriales y las dependencias del gobierno central, los organismos de
control y la ciudadanía, de modo que los interesados puedan disponer de
datos completos, confiables, coherentes y oportunos.
En este orden de ideas, las deficiencias y
obstáculos que se presentan en el flujo de información, la
inconsistencia de conceptos financieros y la ausencia de un sistema de
información único y reglamentado para la recopilación y producción de
los estados financieros de las entidades territoriales, afectan
negativamente la toma de decisiones del nivel central. Los flujos de
información son redundantes, las cifras disponibles en las diversas
entidades del orden nacional no son coincidentes y la carga de procesar
las múltiples demandas de información agobia las administraciones
financieras de las entidades territoriales.
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Organigrama 
